2013 está apunto de finalizar y no hay noticia alguna sobre la aprobación de la certificación energética. El pasado 28 de diciembre se celebró el último Consejo de Ministros del año, y no se abordó este asunto pendiente desde hace meses.
La noticia no es positiva, pues como ya he comentado en alguna ocasión afecta a un colectivo de profesionales muy maltratados por la actual crisis económica. Y tampoco lo es por que denigra la imagen de España en el exterior, agrandando el estigma de país poco cumplidor de sus obligaciones y compromisos.
La pregunta que todos deberíamos hacernos es por qué no se ha aprobado la certificación energética en el plazo previsto. Podríamos basar nuestra respuesta en la incapacidad e incompetencia de nuestros políticos, totalmente demostrada en numerosas ocasiones, pero quizás ese sería un análisis excesivamente simplista.
En mi opinión, en la redacción de la norma no se han tenido en cuenta todas las opiniones, ni siquiera las de los colectivos afectados, como por ejemplo los agentes inmobiliarios, quienes siempre han advertido el mal momento en la que llega esta medida y el posible efecto negativo que puede tener en un sector, ya muy dañado de por sí. Esto solo ha creado un efecto de oposición nada favorable a los objetivos que se pretenden promover.
Quizás deríamos comenzar a buscar la respuesta a la pregunta desde dentro del sector y no desde el exterior. Debemos preguntarnos si el conjunto de profesionales hemos estado a la altura de las circunstancias. Una gran mayoría sí, pero creo que otros se han dejado cegar por el atractivo potencial del mercado y ésto no les ha permitido calcular bien cuales deberían ser los primeros pasos a seguir.
Que la certificación energética sea obligatoria el 1 de enero (o el 1 de marzo) no va a evitar que sea mal recibida por la ciudadanía y por los agentes inmobiliarios si antes no se realiza una correcta labor de formación y concienciación. Y ese trabajo no corresponde solo al Ministerio de Industria o a las Comunidades Autónomas, sino que también debe ser realizado por los técnicos y profesionales del sector. En la web de alguna empresa de certificación energética es más ámplio el apartado que habla de las posibles sanciones por el incumplimiento de la norma que el de ventajas para el propietario y para el futuro comprador o arrendatario.
Como bien dice José Luis Morote Salmerón en su blog (en una respuesta a un comentario que dejé a un excelente artículo técnico sobre medidas efectivas de ahorro de energía en la edificación) "lo importante también es concienciar a la ciudadanía de que ésto de la certificación energética no es sólo un tema burocrático sino que tiene como fín la mejora de la calidad de vida de los propios usuarios y el ahorro". Quizás no se esté transmitiendo bien el mensaje...
De mis conversaciones con profesionales del sector inmobiliario (y de lectura de artículos en prensa) he conocido que futuros técnicos certificadores han ido realizando su labor comercial desde hace unos meses no informando, sino inventándose argumentos. Entre los más "populares" se encuentra aquel que dice que la certificación energética será exigida por el notario, en el caso de venta, o por la administración autonómica cuando se deposite la fianza, en el caso del alquiler. Espero que así sea en el futuro para garantizar el cumplimiento de la norma, pero tales argumentos a día de hay son "legislación-ficción", pues en ninguno de los varios borradores de Real Decreto que han visto la luz en este año se hacía mencion alguna a tales exigencias u obligaciones. Si para convencer hay que inventarse argumentos amenazadores, tenemos un grave problema, principalmente de ética profesional...
También los profesionales deberíamos preguntarnos si las cifras que se han manejado en los últimos meses sobre el precio de la certificación energética no han influido en la poca aceptación entre los ciudadanos, y por ende, en el retraso de su aprobación. He llegado a leer en prensa precios entre los 300 y los 500 € para la certificación energética de un piso, lo que me hace pensar que dichos profesionales o bien nunca se han dedicado al ejercicio libre de la profesión (pues desconocen el precio actual, por ejemplo, de un proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de un local comercial) o bien "mezclan churras con merinas" (la certificación energética no es una tasación ni una peritación judicial; difícilmente mercados y servicios diferentes tendrán precios similares).
En resumen, dejemos de culpar a los políticos, hagamos análisis de conciencia y tratemos de mejorar en la parte que nos toca. Tenemos suerte: el Gobierno nos ha concedido tiempo para hacerlo, y si lo conseguimos, igual no le temblará la mano a la hora de firmar un Real Decreto del que hasta ahora solo ha temido el rechazo social que pueda provocar.
Como bien dice José Luis Morote Salmerón en su blog (en una respuesta a un comentario que dejé a un excelente artículo técnico sobre medidas efectivas de ahorro de energía en la edificación) "lo importante también es concienciar a la ciudadanía de que ésto de la certificación energética no es sólo un tema burocrático sino que tiene como fín la mejora de la calidad de vida de los propios usuarios y el ahorro". Quizás no se esté transmitiendo bien el mensaje...
De mis conversaciones con profesionales del sector inmobiliario (y de lectura de artículos en prensa) he conocido que futuros técnicos certificadores han ido realizando su labor comercial desde hace unos meses no informando, sino inventándose argumentos. Entre los más "populares" se encuentra aquel que dice que la certificación energética será exigida por el notario, en el caso de venta, o por la administración autonómica cuando se deposite la fianza, en el caso del alquiler. Espero que así sea en el futuro para garantizar el cumplimiento de la norma, pero tales argumentos a día de hay son "legislación-ficción", pues en ninguno de los varios borradores de Real Decreto que han visto la luz en este año se hacía mencion alguna a tales exigencias u obligaciones. Si para convencer hay que inventarse argumentos amenazadores, tenemos un grave problema, principalmente de ética profesional...
También los profesionales deberíamos preguntarnos si las cifras que se han manejado en los últimos meses sobre el precio de la certificación energética no han influido en la poca aceptación entre los ciudadanos, y por ende, en el retraso de su aprobación. He llegado a leer en prensa precios entre los 300 y los 500 € para la certificación energética de un piso, lo que me hace pensar que dichos profesionales o bien nunca se han dedicado al ejercicio libre de la profesión (pues desconocen el precio actual, por ejemplo, de un proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de un local comercial) o bien "mezclan churras con merinas" (la certificación energética no es una tasación ni una peritación judicial; difícilmente mercados y servicios diferentes tendrán precios similares).
En resumen, dejemos de culpar a los políticos, hagamos análisis de conciencia y tratemos de mejorar en la parte que nos toca. Tenemos suerte: el Gobierno nos ha concedido tiempo para hacerlo, y si lo conseguimos, igual no le temblará la mano a la hora de firmar un Real Decreto del que hasta ahora solo ha temido el rechazo social que pueda provocar.
