Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el certificado energético, una vez realizado, debe de ser registrado en el órgano competente de cada comunidad autónoma.
Desde la publicación en el BOE de la normativa de certificación energética las comunidades autónomas han ido preparando sus registros y definiendo su modo de operación. En algunos casos es presencial, en otros es telemático, en unos es el propietario quién debe registrar el documento y en otros debe ser el técnico certificador quién debe realizar el proceso. Como veis, dista mucho de existir cierta homogeneidad en el modo de actuación, fruto de la transferencia de competencias en materia de energía por parte de la administración central a las comunidades autónomas. No es el objeto de este artículo, pero quizás deberíamos reflexionar sobre el hecho de que dichas transferencias han multiplicado por 17 el coste del registro de certificaciones energética que se definía en una ley estatal.
Desde la publicación en el BOE de la normativa de certificación energética las comunidades autónomas han ido preparando sus registros y definiendo su modo de operación. En algunos casos es presencial, en otros es telemático, en unos es el propietario quién debe registrar el documento y en otros debe ser el técnico certificador quién debe realizar el proceso. Como veis, dista mucho de existir cierta homogeneidad en el modo de actuación, fruto de la transferencia de competencias en materia de energía por parte de la administración central a las comunidades autónomas. No es el objeto de este artículo, pero quizás deberíamos reflexionar sobre el hecho de que dichas transferencias han multiplicado por 17 el coste del registro de certificaciones energética que se definía en una ley estatal.
A día de hoy, 16 de las 17 comunidades autónomas tienen el registro en funcionamiento. Solo queda una: la Comunidad Autónoma de Aragón, quién tampoco ha definido aún una fecha para su creación trascurridos más de 3 meses desde la entrada en vigor de la normativa de certificación energética.
¿Y cuál es el motivo para que Aragón no disponga aún de registro de certificados energéticos? Pues desde la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón se argumenta que los culpables de esta situación son dos: por un lado, el escaso plazo otorgado por el Ministerio de Industria desde la publicación del Real Decreto 235/2013 de certificación de eficiencia energética de edificios y su entrada en vigor, y en segundo lugar la especial legislación autonómica aragonesa en materia de protección de datos, que obliga a que cualquier normativa que involucre el tratamiento de datos de carácter personal debe tener como mínimo carácter de decreto.
Lo que se olvidan de comentar desde la Dirección General de Energía y Minas es que este registro debería ser una simple extensión del que ya debería de existir desde el año 2007 para la certificación energética de edificios de nueva construcción, y que tampoco existe aún. En cualquier caso, no es de nuevo el objeto de este artículo valorar la labor de ese área de la administración autonómica aragonesa.
Hace unos meses que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón una nota informativa sobre la suspensión temporal de la obligación de registrar el certificado energético en Aragón hasta que el registro estuviese habilitado, y desde entonces, en el gobierno autonómico solo se habla de lo complejo y largo que es el proceso de tramitación de un decreto, que supera de media, según sus cifras, los ocho meses.
Hace unos meses que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón una nota informativa sobre la suspensión temporal de la obligación de registrar el certificado energético en Aragón hasta que el registro estuviese habilitado, y desde entonces, en el gobierno autonómico solo se habla de lo complejo y largo que es el proceso de tramitación de un decreto, que supera de media, según sus cifras, los ocho meses.
Tan pronto como aparezcan noticias sobre este registro las iré publicando y dando a conocer. Mientras tanto, me permito la siguiente reflexión: que existan elementos que dificulten, o retrasen, al Gobierno de Aragón en el cumplimiento de sus obligaciones no debe de entenderse como un derecho a no comprometerse con sus ciudadanos y a no ofrecer una fecha concreta en la que el registro de certificaciones energéticas este operativo.
Al Cesar lo que es del Cesar...
