El primer trimestre de 2013 está apunto de finalizar y no hay noticia alguna sobre la aprobación del certificado energético. El pasado 7 de marzo el Consejo de Estado emitió su dictamen preceptivo y devolvió al ministerio el borrador de Real Decreto, sin que haya trascendido su contenido. Desconozco si el próximo Viernes Santo habrá Consejo de Ministros (me temo que no, como es lógico) por lo que la aprobación se alargará como pronto hasta abril.
Esta situación no es en nada positiva, pues afecta a un colectivo de profesionales ya muy maltratados por la crisis económica que llevamos 5 años padeciendo, y porque además daña profundamente la la imagen de España ante sus socios comunitarios, recordándoles constantemente que somos un país poco cumplidor de sus obligaciones y compromisos.
Quizás deberíamos empezar a preguntarnos qué esta ocurriendo para que no se apruebe la certificación energética en los plazos previstos. Siempre podemos tirar del recurrente discurso sobre la incapacidad e incompetencia de nuestros políticos, de sobras demostrada y certificada en numerosas ocasiones, pero, seguramente, no dejaría de ser una reflexión a todas luces simplista.
Es evidente, que en las sucesivas redacciones de la norma a lo largo de los últimos 4 años no se han considerado las opiniones de los afectados, como por ejemplo los intermediarios inmobiliarios, que siempre han alertado del efecto negativo que la puesta en marcha de esta medida podría tener en el sector. No hay más que reunirse con alguno de ellos para ver el grado de oposición que manifiestan (oposición, que no intención de incumplimiento). Y si estudiamos la visión de los propietarios, las críticas son todavía más intensas.
Pero a pesar de todo esto, creo que los profesionales deberíamos ser más autocríticos y buscar la respuesta a estos eternos retrasos en la aprobación dentro del sector y no en el exterior. Debemos reflexionar si el colectivo hemos estado a la altura de las circunstancias. No dudo que hay una mayoría de profesionales serios y rigurosos, pero también creo que otros se han dejado cegar por el potencial del mercado y no han calculado cuales debían haber sido los primeros pasos.
Pero a pesar de todo esto, creo que los profesionales deberíamos ser más autocríticos y buscar la respuesta a estos eternos retrasos en la aprobación dentro del sector y no en el exterior. Debemos reflexionar si el colectivo hemos estado a la altura de las circunstancias. No dudo que hay una mayoría de profesionales serios y rigurosos, pero también creo que otros se han dejado cegar por el potencial del mercado y no han calculado cuales debían haber sido los primeros pasos.
Que el certificado energético sea obligatoria el 1 de junio no evita que vaya a ser muy mal recibida por la sociedad en su conjunto (no hay más que leer los comentario que la gente deja en los portales inmobiliarios cuando se hace referencia a la futura norma) si previamente no se pone en marcha una muy intensa y muy correcta campaña de concienciación. Y, como ya he manifestado, esta labor no corresponde solamente a las administraciones públicas, sino que debe ser realizada en primera instancia por los profesionales del sector. No es difícil encontrar alguna web de alguna nueva empresa de certificados energéticos donde es más extenso el apartado informativo sobre las sanciones por el incumplimiento que el de los beneficios y ventajas para el propietario, para el futuro comprador o arrendatario y para el conjunto de la sociedad. Si habéis leído mi anterior artículo sobre lo que realmente interesa a la gente sobre el certificado energético, creo que no se esté transmitiendo bien el mensaje.
A mi me gusta sentarme a charlar con los profesionales inmobiliarios (no nos olvidemos que ellos son los que realmente conocen el mercado, y que nosotros somos unos recién llegados) y gracias a ellos he conocido que muchos futuros certificadores han basado su acción comercial no en la información, sino en futuribles y posibilidades. Uno de los argumentos más repetidos en aquel que versa que el certificado energético va a ser solicitado por el notario en caso de venta o por la administración autonómica cuando se deposite la fianza en caso de alquiler. Puede que sea así (es más, debería ser así), pero realizar tal afirmación no deja de ser un ejercicio de "legislación-ficción", pues en ninguno de los diversos borradores que todos hemos podido leer se hacía mención alguna a tales exigencias. Como me dijo un amigo del sector inmobiliario, si después de haber oído ese argumento hasta la saciedad el 2 de junio acudo a una firma al notario con un cliente y no se nombra para nada el certificado energético, los certificadores vais a tener un serio problema. Si para convencer hay que inventarse argumentos amenazadores, tenemos un grave problema, principalmente de ética profesional...
Otro asunto para la reflexión interna trata sobre los precios del certificado energético que se han dado a conocer últimamente, que estoy convencido que han influido mucho en la poca aceptación entre los ciudadanos, y por ende, en el retraso de su aprobación. He leído con estupor cifras entre los 300 y los 500 € para el certificado energético de un piso, lo que significa que esos certificadores, o bien nunca se han dedicado al ejercicio libre de la profesión (pues desconocen el precio actual, por ejemplo, de un proyecto o de una dirección de obra para la legalización de un local comercial), o bien confunden términos, pues el certificado energético no es ni una tasación ni una peritación judicial, y nunca servicios diferentes tendrán precios similares.
Para terminar, creo que debemos de dejar de buscar culpables en el exterior (políticos inútiles, ciudadanos poco responsables, etc) y detengámonos unos instantes a meditar, ahora que se acerca la Semana Santa, y reflexionemos sobre como mejorar en nuestros ámbito de actuación. La verdad es que tenemos suerte: se nos ha concedido una prorroga para poder hacerlo, y si lo conseguimos, igual a este Gobierno no le temblará el pulso a la hora de firmar una ley de la que hasta ahora solo ha temido el rechazo social que pueda provocar.
A mi me gusta sentarme a charlar con los profesionales inmobiliarios (no nos olvidemos que ellos son los que realmente conocen el mercado, y que nosotros somos unos recién llegados) y gracias a ellos he conocido que muchos futuros certificadores han basado su acción comercial no en la información, sino en futuribles y posibilidades. Uno de los argumentos más repetidos en aquel que versa que el certificado energético va a ser solicitado por el notario en caso de venta o por la administración autonómica cuando se deposite la fianza en caso de alquiler. Puede que sea así (es más, debería ser así), pero realizar tal afirmación no deja de ser un ejercicio de "legislación-ficción", pues en ninguno de los diversos borradores que todos hemos podido leer se hacía mención alguna a tales exigencias. Como me dijo un amigo del sector inmobiliario, si después de haber oído ese argumento hasta la saciedad el 2 de junio acudo a una firma al notario con un cliente y no se nombra para nada el certificado energético, los certificadores vais a tener un serio problema. Si para convencer hay que inventarse argumentos amenazadores, tenemos un grave problema, principalmente de ética profesional...
Otro asunto para la reflexión interna trata sobre los precios del certificado energético que se han dado a conocer últimamente, que estoy convencido que han influido mucho en la poca aceptación entre los ciudadanos, y por ende, en el retraso de su aprobación. He leído con estupor cifras entre los 300 y los 500 € para el certificado energético de un piso, lo que significa que esos certificadores, o bien nunca se han dedicado al ejercicio libre de la profesión (pues desconocen el precio actual, por ejemplo, de un proyecto o de una dirección de obra para la legalización de un local comercial), o bien confunden términos, pues el certificado energético no es ni una tasación ni una peritación judicial, y nunca servicios diferentes tendrán precios similares.
Para terminar, creo que debemos de dejar de buscar culpables en el exterior (políticos inútiles, ciudadanos poco responsables, etc) y detengámonos unos instantes a meditar, ahora que se acerca la Semana Santa, y reflexionemos sobre como mejorar en nuestros ámbito de actuación. La verdad es que tenemos suerte: se nos ha concedido una prorroga para poder hacerlo, y si lo conseguimos, igual a este Gobierno no le temblará el pulso a la hora de firmar una ley de la que hasta ahora solo ha temido el rechazo social que pueda provocar.
